Un estudio muestra un aumento de las emisiones de triclorofluorometano (CFC-11) de las fábricas chinas entre 2014 – 2017.

El CFC-11 es una de las sustancias prohibidas por el Protocolo de Montreal para la Protección del Ozono en la Estratosfera. China fue el mayor productor de sustancias ilegales que dañan la capa de ozono estratosférica entre 2014 y 2017, según un estudio coordinado por la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth australiano y la Universidad de Bristol.

Según una investigación, publicada en la revista científica Nature, a partir de 2013, entre el 40% y el 60% de la producción de refrigerantes a base de triclorofluorometano (CFC-11), una de las principales sustancias responsables de la ampliación del agujero de la capa de ozono, se produjo en las provincias de Shandong y Hebei, en el norte de China.

El CFC-11 es un compuesto líquido que se utiliza desde hace mucho tiempo en frigoríficos y aparatos de aire acondicionado: con el Protocolo de Montreal, un tratado para la protección de la capa de ozono que preveía el abandono de todos los compuestos basados en clorofluorocarbonos (CFC) para 2010, se prohibió el CFC-11. Las concentraciones de triclorofluorometano disminuyeron hasta 2012, cuando los expertos comenzaron a registrar una nueva oleada de CFC-11 en la atmósfera.

Los investigadores británicos y australianos analizaron los datos atmosféricos proporcionados por Corea del Sur y Japón y estimaron que la liberación de emisiones de CFC-11 del este de China durante el período 2014-2017 fue de unos 7 millones de kg por año más alta que en el período 2008-2012.

China ratificó el Protocolo de Montreal en 1991 y en 2018 anunció que había reducido su capacidad de producción en más de 280.000 toneladas anuales de productos químicos que dañan la capa de ozono.

Según un informe de la Agencia de Investigación Ambiental del año pasado, una docena de plantas en China todavía utilizan CFC-11 en la producción de espuma de poliuretano.

También en 2018, el gobierno chino lanzó una amplia campaña de inspección en unas 3.000 fábricas de espuma de poliuretano con el objetivo de identificar y castigar a los que violan el Protocolo de Montreal. En marzo pasado, portavoces del Ministerio de Medio Ambiente anunciaron el cierre de dos fábricas que producían ilegalmente CFC-11.