Durante más de una década los vecinos de una región del noroeste de España han estado luchado contra un proyecto de minería de uranio, que amenazaba sus terrenos de pasto y hubiera dejado tras de sí un rastro de residuos radioactivos. Recurrieron ante los tribunales españoles y consiguieron detener la mina.

Ahora, el propietario de la misma, la empresa australiana Berkeley, ha demandado al gobierno de España amparado por el Tratado de la Carta de la Energía. La empresa reclama una compensación de  hasta 1.000 millones de dólares, diez veces más de lo que se estima que se ha invertido en el proyecto.  Cabe la posibilidad de que la mina no fuera más que un castillo en el aire para extraer dinero de los mercados financieros.

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