Las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a priori a facilitar la democratización del sector energético han resultado ser un fake: cierran la puerta a proyectos de base ciudadana, mientras se la abren a empresas tradicionales que tienen una posición de dominio en el sector energético, como
es Repsol, a pesar de que la propia figura de las comunidades energéticas es por definición: autónoma, democrática y abierta.

¿Cómo ha pasado? y sobre todo ¿qué impacto está teniendo esto?

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