13 diciembre 2023

• A pocas horas del cierre de la Cumbre del Clima, el Parlamento Europeo aprobó ayer una Ley de Materias Primas Fundamentales que no aborda el consumo exacerbado de recursos de Europa, una asignatura pendiente que será imprescindible para una transición energética sostenible.

• La nueva norma profundiza en el extractivismo dentro y fuera de la UE y en la desregulación de la minería.
• Denunciamos a su vez que debilita la protección de los derechos humanos y supedita la protección ambiental al interés de garantizar el suministro de minerales  

Con pocas horas de diferencia del cierre de la COP28, el pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer 13 de diciembre el texto final de la Ley de Materias Primas Fundamentales, un reglamento que será una de las bases para la transición energética en la UE. La votación ha avalado el acuerdo alcanzado por las instituciones en noviembre bajo el impulso de la Presidencia Española de la Unión Europea, concluyendo así uno de los trámites legislativos más precipitados de la historia de la UE.

Más allá de algunos cambios puntuales introducidos a lo largo de la negociación en cuestiones como el reciclaje, la ley aprobada sigue sin abordar el problema de fondo: el consumo desenfrenado de recursos naturales de la Unión Europea. Mientras la UE dice centrarse en la crisis climática y de manera tibia, no recala en una transición energética donde prime la reducción de materias primas, lo que podría trasladar el problema y seguir agravando la crisis ecológica. El nuevo reglamento asume que el consumo de minerales se multiplicará en las próximas décadas sin adoptar ninguna medida para mitigar o reducir esta demanda.

La ley justifica este incremento de la demanda en la indiscutible necesidad de descarbonizar nuestra economía. Sin embargo, la nueva lista de materias primas “estratégicas” que el reglamento establece incluye minerales esenciales para Defensa y la carrera aeroespacial, sectores que nada tienen que ver o que incluso van en contra de una transición ecológica justa y sostenible.

Esta lista de minerales es crucial, en tanto que los proyectos extractivos, de procesamiento o de reciclado destinados a la obtención de estos recursos (los llamados “proyectos estratégicos”) se beneficiarán del impulso económico, burocrático y de desregulación ambiental que establece la nueva norma.

La nueva ley de materias primas mantiene la ficción de que podemos lograr la transición ecológica mediante una mera substitución de las fuentes de energía y sin cuestionar el actual modelo económico basado en el crecimiento ilimitado. Desde este enfoque, la protección de la naturaleza y los derechos de las comunidades locales afectadas por los proyectos estratégicos dentro y fuera de la Unión Europea quedan mermados y supeditados al objetivo último de garantizar el suministro mineral de la UE.

Con la aprobación de esta ley, todos los países europeos empezarán a mapear sus recursos geológicos y a tramitar de forma acelerada nuevos proyectos mineros, para contribuir a que en 2030 se extraiga dentro de la UE al menos el 10% del consumo anual de materiales estratégicos de la Unión. En España, la previsible avalancha de nuevos proyectos extractivos pilla al Gobierno con dos procesos pendientes que debe abordar sin demora: por una parte, la implementación de la “Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales” aprobada en 2022 priorizando medidas de ahorro de la demanda y fomento real del reciclaje. Por otra parte, la reforma de una Ley de Minas obsoleta y franquista (de 1973) cuya actualización, contemplada en la Hoja de Ruta, es urgente para adaptarse a los estándares europeos e internacionales.

La nueva ley de materias primas profundiza en el extractivismo dentro y fuera de la UE y supone un lavado verde para la industria minera en general. Sin embargo, no nos hemos hecho las preguntas correctas: ¿para qué necesitamos estos minerales?, ¿qué usos deben ser prioritarios, acaso sustituir cada coche fósil por un coche eléctrico o alimentar la industria armamentística?

Aspectos preocupantes de la nueva ley:

• Aunque se menciona la necesidad de “moderar” el aumento de la demanda de materiales críticos, no se establece ningún objetivo concreto de reducción en el consumo material de la Unión Europea, ni medidas efectivas de ahorro.
• Se han añadido a la lista de las materias primas estratégicas el titanio, un metal con una utilidad limitada en la transición ecológica pero clave para la defensa y la carrera aeroespacial. Diferentes organizaciones han alertado de la influencia del lobby de la industria en este y otros aspectos clave del reglamento.
• Los citados proyectos estratégicos serán considerados de “interés público superior” a efectos de las Directivas Hábitat, de Aguas, de Aves y el nuevo Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Por tanto, dichos proyectos podrán ser autorizados aunque se pruebe que tendrán un impacto adverso sobre el medio ambiente, incluyendo sobre espacios de la Red Natura. La introducción de un análisis “caso por caso” en el texto final no es suficiente para despejar el peligro que esta disposición presenta.
• El texto sigue confiando en los sistemas de certificación industrial para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de los proyectos estratégicos. Este aspecto es muy preocupante, dado que la minería, incluyendo la de “minerales de transición”, es uno de los sectores con mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, daño ambiental y corrupción, y que la ineficacia de estos esquemas industriales es de sobra conocida.
• La ley agrava aún más los numerosos obstáculos que enfrentan las comunidades locales para ejercer sus derechos a la información, participación y justicia en la tramitación de proyectos que afectan sus territorios. El texto final aumenta ligeramente el plazo para estos trámites (de 24 meses en la propuesta inicial a 27 meses para proyectos extractivos, y excluyendo la fase de Evaluación de Impacto Ambiental). No obstante, siguen siendo plazos muy ajustados dada la complejidad de los proyectos y se profundiza en el desequilibrio de poder entre las comunidades y las empresas promotoras.
• El texto final añade mejoras en materia de reciclaje, como aumentar del 15% al 25% la contribución de los materiales reciclados al consumo anual de minerales críticos de la UE y medidas para mejorar el reciclaje. No obstante, se pospone el establecimiento de objetivos específicos de reciclaje y recogida separada por materias primas críticas. Asimismo, en tanto que no se define ninguna acción para disminuir la demanda de minerales, las medidas de reciclaje, aunque imprescindibles, nunca podrán desplazar la fuerte necesidad de extracción primaria, ni los graves impactos socioambientales asociados a la minería.
• La ley perpetúa y profundiza el colonialismo de recursos para garantizar el suministro de minerales desde fuera de Europa. Las llamadas “asociaciones estratégicas” carecen de un enfoque de justicia global, sin medidas para garantizar la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones ni el respeto de los derechos humanos y ambientales por parte de los proyectos.
• Es muy preocupante que el reglamento no incluya el obligado respeto del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas en los proyectos estratégicos. Más de la mitad de los proyectos mineros de transición energética están ubicados en o cerca de tierras de los pueblos indígenas.